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La junta general de accionistas de Santalucía ha acordado la incorporación de dos nuevas consejeras externas independientes a su consejo de administración. Una es la de María del Carmen Gil, licenciada en Ingeniería Electrónica por la Universidad Pontificia Comillas, PhD en Medioambiente y Energías Alternativas, y máster en Administración de Empresas por Insead Business School en Francia. Cuenta con una sólida trayectoria profesional en Boston Consulting Group y Novabase Portugal. Además, tiene una amplia experiencia como consejera independiente en consejos de administración como los de Correos de Portugal y Caixa Geral de Depósitos, en los que también forma parte de las comisiones de auditoría.

Y la segunda incorporación es la de Ana María García, licenciada en Derecho y Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas y máster en Administración de Empresas por el MIT Sloan School of Management en Cambridge. A lo largo de su etapa profesional, ha trabajado en McKinsey & Company, Goldman Sachs International, Grupo Telefónica e Hibu/Yell. Entre otras funciones, ha sido directora general de Finanzas y Desarrollo corporativo, y consejera delegada. Igualmente, cuenta con una amplia experiencia como consejera independiente de numerosos consejos; entre otros, de Merlin Properties, Gestamp Automoción, Cellnex Telecom y JDEP.

"Esta renovación fortalece la capacidad del consejo para estar preparados a la hora de abordar con éxito los retos del presente y del futuro de la entidad y el sector. La responsabilidad máxima de un órgano de administración es la de diseñar y ejecutar la estrategia corporativa de la entidad y, junto a estas grandes profesionales, reforzaremos nuestro buen gobierno corporativo para mantener e impulsar nuestra senda de crecimiento", ha subrayado Carlos Álvarez, presidente de Santalucía.

Con estas incorporaciones, Santalucía precisa que se anticipa así a las mejores prácticas de buen gobierno corporativo y al cumplimiento del Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres en la sociedad. En esta normativa se establece el objetivo de alcanzar el 40% de participación del sexo menos representado en los órganos de dirección. Además, se eleva a 4 el número de consejeros independientes.

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