Grupo Aseguranza

La desaparición del Modelo Muface que hoy en día existe en España y que actúa de seguro de Salud para el grupo de funcionarios supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros. Esta es una de las conclusiones del informe 'El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros', presentado esta mañana en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsada junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española).

Este informe, que toma los datos de 2022 y se centra en Muface por su alto grado de representatividad, plantea dos posibles escenarios futuros para el mutualismo: por un lado, se encuentra su desaparición con el coste de 1.000 millones para el Estado al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas. Para este cálculo se ha tenido en cuenta la diferencia existente actualmente entre la prima de Muface (1.040 euros por mutualista de promedio) y el gasto sanitario total (1.608 euros por ciudadano), así como el número actual de mutualistas que se decantan por la sanidad privada que se eleva hasta el 72,9%.

Además del coste económico para el Estado, en el informe se señalan otras consecuencias para el Sistema Público de Salud de una posible desaparición: las listas de espera se incrementarían un 266% para la consulta externa y crecería un 155% para una intervención quirúrgica. Otra consecuencia, a nivel de infraestructuras, sería que el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales, lo que supondría incrementar un 3,8% la capacidad actual. También habría que incorporar nuevos profesionales lo que se dificultaría dentro del contexto actual de escasez en todo el conjunto.

Su desaparición también tendría consecuencias para las compañías de seguros dado que perderían un 18% de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios verían reducirse sus ingresos un 8%. En este sentido, un total de 19% provincias tendrían un "serio riesgo de cierre de centros, la mayor parte de ellas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León", resalta el informe.

El segundo escenario al que se refería el estudio y contemplan los investigadores de la Universidad Complutense de Madrid es la continuidad del modelo. Para ello, apuntan, "se precisaría de un incremento de la financiación, en aras de garantizar su sostenibilidad". Junto a esta, en el texto aparecen otras recomendaciones dirigidas a incrementar la eficiencia en la gestión, la adopción de innovaciones tecnológicas en atención médica y en la gestión, el enfoque en la prevención y la colaboración efectiva de todos los agentes que intervienen en la cadena de valor.

Financiación insuficiente

El informe también refleja otras cuestiones sobre este modelo. Muestra en los últimos 10 años la evolución e la prima mensual ajustada a la edad del usuario ha experimentado un incremento del 31% al pasar de los 64,3 euros de 2014 a los 84,5 de 2023. Señalan los expertos que "es bastante inferior al gasto sanitario público per cápita (134€/mes), el cual se ha incrementado en un 54% en este mismo periodo, lo que supone un diferencial de 22,9 puntos".

En cuanto a la siniestralidad, se menciona que ésta ha sido superior al 100% en los últimos dos años, como consecuencia principalmente del aumento de la edad media de los mutualistas, que hace que precisen de una mayor asistencia. Resalta que las 3 entidades dentro del modelo, SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, perdieron en 2022 aproximadamente 170 millones.

En cuanto al concierto vigente hasta 2024, se recogen subidas progresivas de primas hasta el 10% en este que es el último año. Consideran los expertos que estas subidas "se han revelado insuficientes para cubrir el aumento de los costes de la prestación sanitaria". Plantean que, "o se busca una financiación adecuada que involucre a todos los agentes implicados, o el modelo podría estar destinado a desaparecer".

Sobre este asunto, se afirma que la "financiación insuficiente está generando una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera, debido a que o bien las aseguradoras limitan sus cuadros médicos, o bien porque algunos prestadores deciden no continuar ofreciendo el servicio por las bajas tarifas actuales". Este hecho ha provocado que los niveles de reclamaciones hayan aumentado un 26% en 2022 respecto a 2019. Los investigadores consideran que para asegurar la supervivencia del modelo es "imperativo igualar la prima del mutualista con el gasto sanitario real por ciudadano en un plazo no superior a dos años".

Apoyo de IDIS

IDIS ha emitido un comunicado en el que manifiesta su apoyo a la tesis planteado en el informe. Además, considera fundamental que exista un acuerdo político entre los dos grandes partidos de este país sobre la continuidad del modelo de mutualismo administrativo, siendo además imprescindible dotarlo de recursos adecuados y suficientes, dentro de un sistema sanitario integrado, en beneficio de su propia sostenibilidad y del sistema sanitario de forma global.

En conclusión, la aportación de la colaboración público-privada como fórmula para el mantenimiento de nuestro modelo sanitario debe ser una prioridad para el bienestar y la salud de la población, debido a que ambas titularidades son imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro modelo sanitario. Esta colaboración debe regirse siempre con unas reglas claras, en términos de confianza mutua, para que las Administraciones y el resto de los agentes del sector se sientan cómodos, para lo que la Fundación IDIS está dispuesta a mantener una mesa de diálogo con el propio Ministerio de Sanidad.

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