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Carlos Lluch (Lluch & Juelich Brokers) ha remitido una escrito al presidente del Colegio de Mediadores de Baleares con varias críticas y peticiones en relación con las cuentas del Consejo General. En el mismo cita la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales (art. 11) y la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno (art. 2.1.e) para afirmar que “resulta de sobra conocido que ambos mandatos legales y aquel estatutario han sido incumplidos a sabiendas -siendo una Corporación de Derecho Público- respecto de los ejercicios 2013 y 2014 habiendo publicado dicha institución sendas Memorias el pasado 10 de diciembre de 2015 sin que estas estuvieran respaldadas en cuentas aprobadas en Pleno (pues lo fueron el pasado 22/06/2016)”. “Asimismo, el hecho de que hasta tal fecha no hayan sido presentadas al Pleno por haber sido contabilizadas en el ínterin las partidas contables relativas a dichos ejercicios, no solo pone de relieve que esas ‘Memorias’ pueden ser una mera ficción, sino que al informar los importes de los Impuestos de Sociedades de dichas anualidades aparentemente liquidados puede que estos sean también fruto de la inspiración de las musas más que de los datos de una contabilidad ordenada y lealmente dispuesta por el órgano rector de la institución, cual era su obligación”.

Por otro lado, señala que “resulta surrealista que una entidad auditora capacitada para resolver en menos de un mes el informe de auditoría de una nueva sociedad cotizada que consolida cuentas en grupo haya sido incapaz de cerrar la auditoria del Consejo General desde que recibiera el encargo en octubre de 2014 y que dicho informe, incumpliendo las promesas presidenciales, ni siquiera se haya presentado al Pleno el pasado 22 de junio”. “Pero ahí no acaba el estropicio –continúa- pues siguen abundando a fecha de hoy en la misma actitud irresponsable y tóxica pues si bien el 22/06/2016 -en plazo- aprobasteis las cuentas en Pleno (con dos abstenciones, Balears y Málaga) correspondientes a 2015, a fecha de hoy, ya fuera de plazo por no estar en el primer semestre del año requerido por Ley, siguen sin publicarse ni la Memoria ni las cuentas del 2015. Además me consta que en el propio Pleno os informaron que hasta el 29/07 no se harán públicas con lo que ya tenían previsto incumplir de nuevo la Ley ¿por qué? ¿Para que el mes de agosto sirva para olvidarse del tema?.Y, pregunto ¿cómo pueden exigiros ‘omertá’ al respecto del contenido de las cuentas si la Ley obliga a todo lo contrario, a la transparencia? ¿Es eso mínimamente leal con la masa de colegiados a quien debe servir la institución y ante cualquier tercero?”.

Como colegiado de Baleares, Carlos Lluch pide al presidente que “tú sí seas transparente, y en virtud del mandato de la Ley nos pases a todo tu equipo de Gobierno, a mí y a los demás colegiados, esas cuentas aprobadas el 22/06. Por ser un derecho tener acceso a las mismas desde el último día del primer semestre del año”. También señala que “me consta que existe un agujero patrimonial de 543.530 euros informado por la prensa, con graves consecuencias para el patrimonio colegial”. “Por Estatutos el patrimonio del Consejo General pertenece a los Colegios y el de estos a los colegiados quienes lo mantenemos, en parte, gracias al canon que pagamos en nuestras cuotas colegiales. Sus dirigentes emanan de entre los presidentes que en cada colegio elegimos los colegiados, a excepción de los empleados del Consejo General cuya supervisión recae en el órgano de Gobierno y en el Pleno. Asimismo me consta que se están barajando alternativas para cubrir ese agujero patrimonial que pasan bien por una derrama al colegiado, bien por recurrir al préstamo lo que implica asumir una deuda colectiva o bien por desprenderse de un patrimonio que es nuestro”.

“Por ello, y en disconformidad, exijo que le sea solicitado al Consejo General, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro que informe cual es su seguro de Directivos y Administradores (D&O) a fin de poder ejercer, si procede, la correspondiente acción directa prevista en la Ley como tercero perjudicado. En particular considero que, como mínimo, y en relación a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno se han podido vulnerar los artículos 8 (información económica, presupuestaria y estadística), el artículo 26 (Principios de Buen Gobierno) y el artículo 28 (en materia de gestión económico-presupuestaria), todos ellos constitutivos de infracción grave y que ello ha ocurrido de forma continuada afectando, al menos, a tres ejercicios contables (2013, 2014 y 2015)”.