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17 de noviembre
08:27 2023
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El exmagistrado Pascual Sala aboga por la colaboración público-privada en la prestación de servicios

El exmagistrado Pascual Sala ha sido el galardonado con el XXIX Premio para juristas de reconocido prestigio promovido por Grupo Pelayo por "toda una existencia dedicada a impartir y procurar justicia y a acercar los tribunales a la ciudadanía", tal y como señaló Juan Luis Cebrián Echarri, académico de Número de la Real Academia Española, al realizar su semblante.

Cebrian repasó la trayectoria del exmagistrado "la única persona en nuestra historia democrática que ha sido presidente de los tres Tribunales más importantes del país, el de la jurisdicción contable, el del Tribunal Supremo y el del Constitucional", pero sobre todo destacó un rasgo de su personalidad: la prudencia. "Ha sido un juez prudente, nada dedicado al estrellato, consciente de sus silencios y cuidadoso en sus expresiones públicas. Un juez de ideas y comportamientos progresistas, de lo que nunca ha presumido porque nunca ha pretendido retorcer o manipular las leyes en beneficio de sus particulares posiciones. Porque es un defensor a ultranza del Estado de derecho, sin el que es imposible que exista democracia. Y ha sido un juez cordial, comprensivo y dialogante, duro cuando la ocasión lo requería o la ley así lo dictaba".  "En esta hora de España necesitamos jueces como Pascual Sala, coherentes consigo mismos, con los principios que representan como guardianes de la ley, inmunes a cualquier obediencia que no sea la que la ley misma dicta, magistrados que sean, en palabras de Cicerón, la ley que habla", concluyó. 

Al acto, celebrado en el Casino de Madrid, acudieron más de 600 personas del mundo del derecho y la política como el  presidente del Consejo General del Poder Judicial (p.s.), el presidente del Tribunal Supremo (e.f.), el ministro de la Presidencia o el  Fiscal General del Estado y el Defensor del Pueblo entre otros, además del propio presidente de Grupo Pelayo, Francisco Lara.

En su discurso, el galardonado reflexionó sobre la integridad y precisión del reconocimiento de los derechos económicos y sociales en nuestra Constitución, como pieza angular de una sociedad democrática. En sus palabras, quiso resaltar que, sin el Derecho como pieza fundamental de un Estado Democrático, es imposible una ordenada convivencia, y que los principios rectores de la política social y económica avalan la integridad de los derechos económicos y sociales al imponer a los poderes públicos con toda contundencia.

Defensa de la colaboración público-privada

También hizo un interesante alegado sobre la necesidad de la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos. "Y es que desde los orígenes de la elaboración doctrinal del concepto de servicio público (Maurice Hauriou y Gaston Jèze), la colaboración público-privada, a través o por medio de la formula concesional para su prestación, ha sido la regla general y no la excepción y, además, constituye un principio de sentido común, pues siempre será más beneficiosa la colaboración que la confrontación para realizar provechosamente cualquier actividad", afirmó. "En definitiva, la externalización privada en la presentación de servicios públicos mediante la colaboración público-privada, no supone merma alguna en la cantidad y calidad de los mismos, pues solo se externaliza la participación del sector privado en la referida prestación, quedando la titularidad del servicio en la Administración Pública y también la regulación de las condiciones de su ejercicio y la vigilancia de su correcto cumplimiento. El Estado o la Administración competente pasan de ser prestadores directos del servicio a reguladores de su prestación y también a garantes de su correcto funcionamiento", concluyó.

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