Grupo Aseguranza

Jaime Romero, director técnico de Markel, analizó los desafíos que enfrenta el sector asegurador en relación con la Ley Concursal y la Responsabilidad Civil de Administradores, durante la última jornada de Espacio Inade

El director técnico de Markel comenzó su intervención con algunos datos estadísticos. "Tras varios años de estabilidad (2016-2020) en los concursos empresariales, a partir del 2021 comenzó un brusco incremento debido al Covid-19, de hecho, el 2023 podría alcanzar niveles históricos de concursos".

También explicó que las micro y pequeñas empresas son las organizaciones con mayor riesgo de concurso de acreedores y que el 90% de las concursadas son de responsabilidad limitada. "Es relevante señalar que el 40% de las empresas en concurso de acreedores no llega a 250.000 euros de volumen de negocio, y que los sectores más afectados son el comercio, la construcción y las actividades inmobiliarias", añadió.

Otro de los aspectos que abordó fue las consecuencias de la moratoria concursal que se aplicó durante la pandemia: "Durante el estado de alarma se decretó que el deudor en insolvencia no tendría el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores, y los jueces no admitirían a trámite las solicitudes de concurso presentadas por los acreedores. Sin embargo, tras el fin de la moratoria concursal, se ha producido un aumento significativo del número de empresas en concurso de acreedores y se prevé que esta tendencia continúe en los próximos trimestres, influida por factores como el impacto de la Ley Concursal de 2022, la presión de la inflación, los altos precios de la energía y las dificultades de acceso a la financiación".

Sobre la nueva Ley Concursal, la Ley 16/2022, explicó que introduce los "planes de reestructuración" como alternativa a los acuerdos de refinanciación y extrajudiciales, y que se centra en la reestructuración y permite a las microempresas aplicar un procedimiento de insolvencia único.

También abordó el impacto de esta Ley en la Responsabilidad de Administradores (D&O): "La rapidez del procedimiento concursal beneficia a los administradores, ya que aspiran a que el concurso finalice cuanto antes. En la fase de calificación del concurso, se determina si los administradores han generado o agravado la insolvencia de la sociedad con dolo o culpa grave", explicó.

En caso de que el concurso sea calificado como culpable, el juez puede condenar a los administradores a la cobertura total o parcial del déficit patrimonial en los 2 años previos a la declaración del concurso. "Esto puede traducirse en un aumento de las reclamaciones de D&O y, en última instancia, en un mayor número de sentencias condenatorias contra los administradores", concluyó.

Seguro de multirriesgo de daños materiales para maquinaria agrícola.

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada al seguro de multirriesgo de daños materiales para maquinaria agrícola en la que intervino Eduardo Benavides, responsable territorial Centro-Norte de Agropelayo. "Estamos ante un producto flexible, que actúa como un seguro complementario al seguro obligatorio de automóviles. La estructura del producto está integrada por una serie de garantías básicas obligatorias, a las que se le puede añadir varias garantías opcionales", señaló.

Benavides desgranó algunas de las garantías principales, como la de Actos de Vandalismo o Malintencionados, que cubre los daños materiales directos que sufra la maquinaria asegurada a consecuencia de este tipo de actos y que incluye también acciones tumultuarias. También destacó la cobertura de choque, impacto o colisión; la de vuelco; la de rescate y remolque; y la de rotura de lunas; la de hundimiento del terreno, caída de rocas, deslizamiento o corrimiento de tierras, entre otras.

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