Banco Popular: el instructor acuerda entregar íntegras a las partes las pólizas de RC de PwC
La Audiencia Nacional ha rechazado la personación de Antonio del Valle, exconsejero del Banco Popular, como actor civil en la causa en la que investiga la ampliación de la entidad en 2016 y ha acordado entregar a las partes personadas en este procedimiento las pólizas de Responsabilidad Civil de PwC íntegras, sin "ningún tipo de censura o tachadura que impida o dificulte su lectura". Según la información del CGPJ, así lo ha decidido el juez de la AN José Luis Calama, en cuyo auto "rechaza la petición de Del Valle y otras personas de su entorno para personarse como actores civiles una vez que se acordó el sobreseimiento provisional respecto de aquel, quien formaba parte del Consejo de Administración del Banco Popular cuando se votó la ampliación de capital investigada".
Considera que, a pesar del archivo, en el proceso penal no hay obstáculos a que puedan ejercitarse acciones civiles contra Del Valle, "puesto que un sobreseimiento, incluso libre, no cercena la posibilidad de ejercitar la acción civil contra esa persona que ha tenido la condición de investigado en una causa en la que existen otras personas frente a las que se sigue un procedimiento penal".
Además de detallar los elementos del procedimiento, en otro auto el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro, "a petición de algunas acusaciones, acuerda poner a disposición de las partes las pólizas de Responsabilidad Civil que aportó al juzgado PwC sin ningún tipo de censura o tachadura que impidan su lectura, tal y como había solicitado la consultora". Añade la información que "el juez señala que los datos reflejados en las pólizas de seguro no pueden merecer la calificación de secreto empresarial. El magistrado se posiciona en línea con el informe de la Fiscalía que indica que son documentos que están llamados a ser conocidos por los perjudicados como medio para ejercer las acciones que la ley les otorga". Y acuerda el juez que no se establezcan limitaciones "habida cuenta de que hay muchos letrados fuera de Madrid y que no se encuentra ninguna justificación para que las referidas pólizas no se integran normalmente dentro del procedimiento".
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