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Tras una de las negociaciones más arduas que se recuerdan en los círculos comunitarios -se llegaron a las 36 horas de debate-, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la propuesta que establecerá normas armonizadas para regular la Inteligencia Artificial (IA) en la UE, que desembocará en la Ley de Inteligencia Artificial.

El objetivo es garantizar que los sistemas de IA comercializados en el mercado europeo y utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores de la UE. Asimismo, esta propuesta también pretende estimular la inversión y la innovación en IA en Europa.

La idea principal es regular la IA basándose en la capacidad de esta última para causar daño a la sociedad siguiendo un enfoque 'basado en el riesgo'. Por tanto, cuanto mayor sea el riesgo, más estrictas serán las normas.

Esta propuesta legislativa será la primera de este tipo en el mundo y la UE es consciente de que puede servir de ejemplo en otras jurisdicciones, al igual que ya pasó con el Reglamento General de Protección de Datos.

"El acuerdo aborda eficazmente un reto global en un entorno tecnológico en rápida evolución sobre un área clave para el futuro de nuestras sociedades y economías. Y en este empeño, hemos conseguido mantener un equilibrio extremadamente delicado: impulsar la innovación y la adopción de la inteligencia artificial en toda Europa respetando plenamente los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos", ha subrayado Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Cabe recordar que este acuerdo se ha producido durante la Presidencia española del Consejo.

Estos son los principales elementos sobre los que se sostiene este acuerdo provisional: se aprobarán normas sobre los modelos de IA de propósito general de alto impacto que puedan causar un riesgo sistémico en el futuro, así como sobre los sistemas de IA de alto riesgo; se establecerá un sistema revisado de gobernanza con algunos poderes coercitivos a nivel de la UE; se elaborará una amplia lista de prohibiciones pero con la posibilidad de que las autoridades policiales utilicen la identificación biométrica a distancia en los espacios públicos con sujeción a salvaguardias; y se fijará una mejor protección de los derechos mediante la obligación de que quienes desplieguen sistemas de IA de alto riesgo realicen una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales antes de poner en funcionamiento un sistema de IA.

El texto final deberá ser ratificado por las dos partes (Estados y Europarlamento) en los próximos meses (ya bajo la presidencia belga) y se prevé que entrará en vigor a finales de 2026, aunque algunos aspectos lo harán antes.

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