Grupo Aseguranza

Inade ha celebrado la séptima videoconferencia de su grupo de trabajo 'crisis Covid-19', formado por distintas corredurías de seguros y dos asociaciones. Como es habitual, ha invitado a tres expertos. Uno de ellos ha sido Rafael Urrutia, director general de Surne, que ha contado cómo está actuando la compañía en esta crisis, apostando por "no dar mensajes desconcertantes y anunciar medidas que después hubiera que rectificar a la vista de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos". En este sentido, ha apostillado: "Nuestra política va de la mano de los corredores. Las medidas que podamos aplicar de flexibilización o incentivación comercial, las hemos planteado de cara al corredor". Además, ha hablado del teletrabajo, señalando algunos de sus aspectos negativos: "Hay caras del teletrabajo que no se están poniendo de manifiesto, como la conciliación. El teletrabajo es bastante invasivo en la vida personal y familiar, por lo que será un proceso de progresiva implantación". Además, considera que no se puede implantar en todos los sectores: "Hay actividades que necesitan una proximidad, en nuestro caso, estar cercanos a la red de distribuidores es vital". En relación al teletrabajo, ha profundizado en cómo puede influir en las pólizas de Accidentes, haciéndose las siguientes preguntas: "La selección del riesgo deberá incorporar matices que ahora no incorpora ¿Cuánto dura la jornada de trabajo? ¿Está el hogar equipado con las medidas de seguridad necesarias? ¿Tendrían que venir los técnicos de prevención de riesgos laborales a nuestras casas?".

Por otro lado, Rafael Urrutia se ha pronunciado sobre si el sector proporcionará alguna solución de futuro para el riesgo de epidemia o pandemia, o si seguirá siendo un riesgo no transferible: "Habrá que valorar si el Consorcio debe intervenir. Caución y Crédito sí han solicitado su intervención, como ocurrió en 2008. Quizás sea necesaria una coordinación internacional como riesgo extraordinario. De forma privada se podría asumir, lo hemos estado analizando pero dependerá de la evolución de la propia epidemia". Por último, ha explicado cómo afectará esta crisis a Surne: "Nos resentiremos por el lado de los ingresos, pero podremos mitigar estos riesgos. Somos optimistas, no estamos posicionados en sectores o ramos especialmente dañados por esta situación, por lo cual esperamos poder seguir atendiendo todas las necesidades que se planteen".

También ha intervenido Jordi Rivera, CEO de DAS España, que ha reflexionado sobre cómo está impactando esta crisis en la aseguradora que dirige, haciendo hincapié en la "ausencia de negocio por falta de actividad comercial, exceptuando las pólizas de renovación anual". Ha precisado que "el mes de marzo fue muy bueno", pero "en abril el nuevo negocio ha caído un 70% y se ha disparado la siniestralidad". Asimismo, se ha referido a cómo afectará esta situación a los distribuidores de seguros: "La gran ventaja de nuestro sector es que tenemos cartera, no vivimos del nuevo negocio que hacemos cada día. El sector está aguantando bien el impacto, aunque para los mediadores dependerá del tamaño de su cartera. Nuestra posición es estar al lado de los mediadores, que son nuestro canal. Hoy por hoy estamos viendo que se pueden dar fusiones entre mediadores".

Por último, ha ofrecido su opinión acerca de cómo cree que se recuperará la economía española una vez se levante el estado de alarma. Y prevé que será en forma de V, pero con un segundo palo más largo. Para Rivera, serán clave en la recuperación "las acciones que de forma proactiva se realicen desde las grandes empresas para poner en marcha al país de forma más rápida. Tenemos unas bases económicas mejores que en 2007 y gente más preparada. No tenemos ninguna burbuja económica encima de la mesa, sino un shock temporal de demanda y actividad".  

El último invitado ha sido Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que se mostró crítico con las medidas aprobadas por el Gobierno y dibujó el escenario socioeconómico gallego: "El mes de marzo cerró con 3.700 empresas en ERTE, bien porque han sido obligadas a cerrar o bien porque sus ingresos descendieron un 75%, con 205.000 trabajadores afectados y 42.000 autónomos han pedido cese de actividad".