Grupo Aseguranza

Juan Carlos Benítez llevaba trabajando para Mapfre 17 años cuando, a finales de 2007, una reorganización en la empresa lo situó bajo las órdenes de un nuevo jefe. Según su relato, el acoso laboral empezó a los pocos meses: Le quitaron todas sus atribuciones, que pasaron a la persona que hasta entonces había estado bajo sus órdenes. Decidió comunicar la situación a la dirección de recursos humanos. El médico le dio la baja por crisis de ansiedad. Finalmente inició una demanda para extinguir su contrato por acoso el 5 de febrero de 2009. La empresa respondió al día siguiente comunicándole su despido disciplinario. Después de tres años de litigios, el Tribunal Supremo anula ese despido por “vulneración de la garantía de indemnidad”, porque considera que la empresa lo echó en respuesta a su denuncia.

Mapfre inició una investigación interna tras la denuncia que hizo Benítez. Pero el auto del Supremo afirma que “evidenció una situación de conflicto laboral tensa y difícil y, en lugar de apaciguarla, decidió actuar contra el demandante mediante una cadena de reacciones que finalizaron con el despido”. Y ratifica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de julio de 2011, que a su vez confirmaba la del juzgado de lo social número 12 de Madrid, que habla de que se han probado “indicios suficientes de represalia por haber denunciado ante la empresa a su superior jerárquico”. El despido era nulo por vulneración de derechos fundamentales, y Mapfre estaba condenada a readmitir al trabajador en las mismas condiciones y a pagarle el sueldo que había dejado de percibir durante el litigio.

Mapfre atribuyó a Benítez en la carta de despido la contratación con tres empresas a un precio superior al fijado. “En el acto de juicio han quedado desvirtuadas todas y cada una de las imputaciones”, señala el fallo. Tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia provincial archivaron una querella por estafa y falsedad documental presentada por la empresa. Benítez volvió a su puesto en septiembre de 2011. “Me sentaron en una mesa, apartado de todo el mundo, sin teléfono ni ordenador”, relata a El País. Un par de meses después, Benítez decidió querellarse contra toda la comisión directiva de Mapfre, por acusación falsa, falsedad documental y falso testimonio porque, según el texto de la querella, la empresa ocultó documentos, alteró datos económicos y presentó presupuestos falsos para tratar de acusarle de estafa. La querella está aceptada a trámite en un juzgado de Madrid.

Además, tres clientes navarros han presentado en los juzgados de Madrid dos demandas civiles contra Mapfre para recuperar sus ahorros después de haber sido supuestamente estafados por un empleado del grupo en Pamplona que, según denuncian, comercializaba productos financieros inexistentes y se apropió de su dinero. Aunque éstas son las primeras reclamaciones que llegan a los tribunales, los clientes afectados por la actuación presuntamente delictiva del empleado pueden ascender a varias decenas, según les comunicaron directivos de Mapfre a los propios demandantes después de que se descubriera la trama, según publica Noticias de Navarra.

Castilla y León

Por otra parte, Mapfre cerró el pasado ejercicio con un volumen de negocio de 361,8 millones de euros en primas en Castilla y León, según publica El Norte de Castilla. En la región cuenta con 228 oficinas, 556 agentes y 413.850 clientes, más un acuerdo de bancaseguros en Vida y Pensiones con Caja Duero, fusionada con Caja España y en proceso de integración con Unicaja. En Autos tiene 155,8 millones en primas y 373.631 vehículos asegurados. También asegura 176.886 hogares, 13.018 comercios, y la salud de 36.620 ciudadanos. En Vida, tiene primas por 53,5 millones. Y asegura a 30.000 empresas y autónomos.