Grupo Aseguranza

Una de las primeras actuaciones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en esta nueva legislatura ha sido retomar la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con la publicación del nuevo texto en Audiencia Pública. El proyecto fue aprobado en Consejo de Ministros en noviembre de 2022 y posteriormente, en mayo, por el Congreso de los Diputados. El Ministerio señala que es uno de los primeros proyectos que se tramitarán "dado su carácter prioritario para el Gobierno para completar el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros". Añade Economía que la idea es impulsar una tramitación urgente con el fin de que la nueva Autoridad pueda constituirse lo antes posible.

El texto presentado incluiría las modificaciones de la tramitación parlamentaria como la financiación de esta nueva figura por parte de las entidades financieras y la recurribiilidad de las resoluciones vinculantes que dicte ante la jurisdicción civil, indica la nota del ministerio.

La intención con esta nueva autoridad sería "incrementar la protección de los ciudadanos en cuanto clientes financieros". Estos clientes podrían presentar ante un único organismo sus reclamaciones de forma gratuita tanto en el ámbito bancario, de los seguros y de inversión financiera. Considera el ministerio que de esta manera se producirá un "mejor análisis de los conflictos y rapidez en el servicio". Esto implica que se centralicen los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Rechazo de Unespa y la mediación

Esta figura ha contado desde el inicio con el rechazo del sector asegurador, tanto por parte de Unespa como por el Consejo General de los Colegios de Mediadores.

La actual presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ocupando la secretaria general de la organización, mostró esta oposición en varios de sus discursos: "Me hubiera gustado una autoridad independiente de seguros", dijo. Y sobre todo mostró especial preocupación ante la posibilidad de que la nueva autoridad no tenga en cuenta "la especialidad del sector asegurador". Pidió que no se "apliquen reglas comunes para todos los servicios financieros". Asimismo, reclamaba que la nueva figura cuente con recursos y medios para reducir el tiempo de respuesta de las reclamaciones.

Por su parte, quien era la presidenta en ese momento, Pilar González de Frutos, en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, incidía en que "los aseguradores queremos un supervisor autónomo y correctamente financiado" y, más concretamente sobre la nueva autoridad, explicaba en otro acto que conllevaba "espinosos problemas jurídicos".

Por su parte, Javier Barberá, presidente del Consejo General, consideraba la propuesto como "un nuevo despropósito" porque "perjudica a los pequeños negocios y disparará las quejas al margen de su veracidad". Criticaba que la propuesta pasaba por que el mediador afronte un pago de 250 euros por cada reclamación que le afecte y que reciba la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador que ahora se retoma.

Si quiere recibir diariamente y GRATIS noticias como esta, pinche aquí.