Grupo Aseguranza

Ferma se ha pronunciado sobre la revisión de Solvencia II que ultima la Comisión Europea y que tendrá consecuencias para las aseguradoras y reaseguradoras cautivas domiciliadas en los Estados miembros de la UE. Según Ferma, debería publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea a finales de 2024 y los Estados miembros dispondrán de 18 meses para transponer los cambios a su legislación nacional.

Uno de los objetivos de esta revisión era abordar cualquier consecuencia no deseada de la directiva original, como requisitos excesivamente onerosos para las aseguradoras más pequeñas y no complejas. Además, con el tiempo, subraya Ferma que el Principio de Proporcionalidad con respecto a las normas prudenciales que rigen las actividades de seguros en la UE se ha aplicado de forma incoherente e insuficiente.

Para mejorar la proporcionalidad contemplada en la revisión, Ferma tiene estas 2 propuestas: reconsiderar la categoría de "empresas pequeñas y no complejas" ya que esto aportará más coherencia en todos los Estados miembros de la UE y más previsibilidad; y un cambio en la carga de la prueba, quedando las autoridades competentes de supervisión obligadas a proporcionar explicaciones y detalles a las empresas de seguros si la autoridad desea impugnar la clasificación anterior.

Ferma calcula que la mayoría de las cautivas domiciliadas en la UE deberían cumplir los criterios de "empresas pequeñas y no complejas", por lo que así se beneficiarían de una mayor proporcionalidad en virtud de la Directiva Solvencia II revisada. En este sentido, explica Ferma que las compañías cautivas clasificadas como "empresas pequeñas y no complejas" se beneficiarán de medidas de proporcionalidad en materia de información, divulgación, gobernanza, revisión de las políticas escritas, cálculo de las provisiones técnicas, evaluación de riesgos y solvencia propios (ORSA) y plan de gestión del riesgo de liquidez.

"Imponer a las cautivas los mismos requisitos regulatorios que a las grandes aseguradoras diversificadas supone una carga administrativa y unos costes excesivos para estas entidades, lo que reduce su eficacia y eficiencia generales", ha denunciado Laurent Nihoul, miembro de la junta directiva y presidente del Comité de Cautivas de Ferma.

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