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ASPE ha dado un paso más en su denuncia contra el acuerdo entre Sanitas y Generali y, según señala en un comunicado, "se ha visto obligada a acudir a instancias judiciales y administrativas por la práctica anticompetitiva implementada por Sanitas SA y Generali España, tras frustrarse los intentos desde hace meses de dialogar, como entidad de representación del sector, con ambas aseguradoras de salud".

Según el dictamen jurídico encargado por ASPE, las aseguradoras Sanitas y Generali vulneran la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe. A juicio de ASPE el acuerdo produce distintas consecuencias alejadas del marco normativo:

- Falseamiento de la libre competencia por actos desleales, por imponer unilateralmente la aplicación de unas condiciones económicas para los asegurados de Generali distintas de las pactadas.

- La concurrencia de una conducta que elimina la competencia entre ambas compañías y limita la libertad de actuación de los hospitales.

Antecedentes

El acuerdo denunciado se suscribió en octubre de 2022 y se aplica desde el 1 de enero de 2023. ASPE denuncia que ambas compañías aseguradoras pactaron que la gestión de los servicios asistenciales de los asegurados de Generali, y el pago de estos, acordados previamente entre esa aseguradora y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasan a ser gestionados directamente por Sanitas, otra compañía aseguradora, resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos mencionados e imponiendo un nuevo marco no acordado.

Así, los centros sanitarios con conciertos suscritos con Sanitas se están viendo obligados a asistir a los pacientes de Generali con las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas con Sanitas, no con Generali.

El principal efecto que busca este acuerdo, de imposición unilateral, es recortar las tarifas que paga Generali a los centros, hasta un 20% más baratas al absorberse en los acuerdos de Sanitas, con mayor cuota de mercado y capacidad de negociación con los centros sanitarios, haciendo así uso de una posición en el mercado de la que carecería Generali por sí sola. En la actualidad, la cuota de mercado agregada de ambas compañías supondría el 21,5% del sector de aseguramiento de salud, lo que supone un marco de imposición a la mayoría de los centros sanitarios de toda España que no pueden permitirse rechazar la prestación del servicio para su propia viabilidad, según explica la patronal.

ASPE considera que este acuerdo puede perjudicar a los derechos de los asegurados de Generali (más de 150.000), los cuales pueden verse privados de acudir al profesional sanitario al que acuden habitualmente.

Para Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, toda esta situación "no es admisible ni para los miles de asegurados de Generali que cada día dejan de ser atendidos por sus médicos habituales ni para nuestros asociados con concierto con Sanitas, que se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicándoles condiciones no acordadas, de forma contraria a la Ley, ya que les impide ejercitar sus derechos contractuales y limita su libertad".

Comunicado de Generali

Horas después del anuncio de ASPE, Generali ha emitido un comunicado en el que resalta 4 aspectos. El primero es que la aseguradora defiende que el acuerdo con Sanitas "permite ofrecer la mejor solución" a sus clientes ya que, en su opinión, sus asegurados "se benefician de una oferta ampliada y de calidad".

También hace hincapié Generali en que este acuerdo "ha permitido ampliar el número de centros médico-hospitalarios a los que pueden acceder los clientes de Generali en un 43,5%".

Asimismo, aclara que "ha informado con transparencia tanto a los clientes, los principales beneficiados del acuerdo, como a los médicos y centros hospitalarios". Y, por último, quiere dejar constancia de que "actúa siempre con el máximo respeto al ordenamiento jurídico y a la libre competencia", anunciando que "ejercerá su legítimo derecho en defensa de sus intereses".