La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado un estudio sobre el mutualismo administrativo en España, un amplio trabajo de casi 200 páginas y que está disponible en su web. Este informe forma parte de la primera fase del Spending Review 2022-2026.

En este estudio, la AIReF defiende que hay margen para mejorar la eficacia, eficiencia y equidad del sistema. Y, para ello, propone que deberían llevarse a cabo 2 reformas estructurales: transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario y permitir la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS). Lógicamente, no solo afectaría a Muface, sino también a Isfas y Mugeju. Este planteamiento significaría abrazar las tesis del Ministerio de Sanidad que en pleno debate por la continuidad del modelo recomendó que los funcionarios pasaran al sistema público, además de acusar al seguro de seleccionar riesgos y acusarles de jugar con la rentabilidad. Estas opiniones tuvieron contestación por parte de Unespa.

Para la AIReF, la primera reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas al eliminar las aportaciones de los que opten por abandonar el sistema mutualista. Antes de implementarla sugiere que previamente se elabore un proceso consultivo integral a todos los mutualistas durante el próximo concierto.

Y la segunda, la relacionada con la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al SNS, argumenta que tendría que ir acompañada de un refuerzo de sus capacidades y ayudaría así a superar ineficiencias. La AIReF fundamenta esta reforma en la ineficiencia que supone para los modelos de aseguramiento de salud de riesgo compartido la segregación de un subconjunto de la población, las dificultades que genera para la gestión integral de la salud pública y la preferencia revelada en los últimos años por la modalidad pública de los nuevos mutualistas de los cuerpos más numerosos. En este caso, viendo la situación de las listas de espera y los recursos humanos sanitarios, aconseja que esta incorporación no sea inmediata y habría que condicionarla al refuerzo paralelo de las capacidades del sistema público y en especial a una mejora en la situación de las listas de espera.

Eficacia, eficiencia y equidad, en entredicho

En el estudio se cuestiona la eficacia del mutualismo administrativo. Analizadas las preferencias de los mutualistas en cuanto a la atención sanitaria utilizada, el estudio revela que solo el 24% opta por la provisión pública excepto cuando se precisan episodios hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema, que entonces se eleva hasta el 70%. Y esta tendencia se acentúa particularmente en pacientes que requieren tratamientos oncológicos o servicios de nefrología y diálisis. Según la AIReF, más del 66% de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema de los mutualistas son atendidas en centros de titularidad pública, porcentaje que se eleva hasta el 90% cuando el mutualista que presenta estas patologías es menor de 40 años.

La AIReF constata también que la modalidad privada del sistema mutualista destaca por su mayor accesibilidad a algunos servicios sanitarios. Así, ha detectado que las tasas cuadruplican las ratios del SNS en especialidades como traumatología, dermatología y ginecología. Esta característica se refleja especialmente en la utilización de ciertas pruebas diagnósticas avanzadas de imagen, particularmente en resonancia magnética, en la que la tasa supera en más de tres veces la del SNS. Esta mayor accesibilidad ha sido señalada por los mutualistas de opción privada como uno de los factores determinantes en su elección del modelo de provisión.

En cuanto a la eficiencia, también se revelan importantes diferencias entre las modalidades pública y privada, especialmente en el sector farmacéutico. Se explica en el informe que el colectivo mutualista no se beneficia de las ventajas inherentes en términos de economías de escala de los modelos de aseguramiento de riesgo compartido y provisión directa. Por ejemplo, afirma la AIReF que los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios a paciente externo a precios significativamente más elevados que el de adquisición de los servicios públicos de salud. Además, se resalta que, en algunos casos, se llega a sextuplicar el coste. Asimismo, en el estudio, la AIReF ha observan disparidades en la utilización de medicamentos genéricos (40% en la modalidad pública frente al 32% en la privada) y biosimilares, con diferencias de hasta 23 puntos porcentuales en algunas moléculas. Y apunta que otra limitación significativa es que la receta electrónica no está completamente desarrollada en la modalidad privada.

Y también pone en entredicho la equidad ya que la adscripción obligatoria del marco normativo actual hace tener que elegir al mutualista entre modalidad pública o privada limitando el acceso, especialmente a los que optan por la modalidad privada, a las características de la provisión pública universal del resto de ciudadanos.

En este estudio, la AIReF destaca que España constituye una excepción singular entre los países con sistemas sanitarios universales financiados mediante impuestos (modelo Beveridge). Explica que países como Italia y Turquía integraron sus regímenes especiales de funcionarios durante la constitución de sus sistemas nacionales de salud, y otros como Grecia y Portugal lo hicieron en el marco de reformas estructurales durante periodos de crisis económica. Mientras, España mantiene un sistema diferenciado.

Para realizar este estudio, la AIReF ha analizado más de 400 millones de microdatos anonimizados y ha incorporado las conclusiones de una encuesta realizada a 16.000 mutualistas. Asimismo, se incluye y combina información administrativa, actividad hospitalaria, consumo farmacéutico y actividad asistencial.

Reacción del IDIS

Tras conocerse la publicación del informe de la AIReF, la Fundación IDIS emitió un comunicado para "hacer un llamamiento de cautela a la hora de tomar en cuenta estas conclusiones, amparándose en los efectos que medidas como estas pueden generar en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y, por consiguiente, en la propia asistencia a los pacientes".

Según el IDIS, la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al SNS, en el contexto actual, "generaría un impacto negativo sobre la capacidad del SNS para atender a la población en condiciones adecuadas. Según el propio informe de la AIReF, la incorporación de 1,6 millones mutualistas sin refuerzo previo incrementaría en un 7% las listas de espera quirúrgicas y en un 30% las de consultas especializadas, lo que agravaría la situación de colapso que existe actualmente". También alude a la situación de las listas de espera, que ¡han alcanzado niveles históricos en los últimos años, con un aumento exponencial del número de pacientes que esperan tanto intervenciones quirúrgicas como consultas con especialistas". Ofrece los datos relativos a las demoras y sostiene que "esta situación evidencia que el sistema sanitario está al límite de su capacidad, sin margen para absorber una mayor demanda asistencial".

Valora la importancia del mutualismo administrativo y para concluir traslada que "la Fundación IDIS considera imprescindible que cualquier reforma del modelo de mutualismo administrativo vaya acompañada de un refuerzo sustancial del SNS que garantice la adecuada cobertura sanitaria para todos los ciudadanos. Si no se produce dicho fortalecimiento, una transición acelerada de los mutualistas al sistema público no es una opción viable. Por tanto, en la actualidad, es prioritario seguir contando con este modelo, que no solo beneficia a los mutualistas, sino que también contribuye al equilibrio del sistema sanitario español, mejorando la atención y los tiempos de respuesta en ambos sectores".

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