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Desde hoy la distribución de seguros debe aplicar la nueva Ley de Distribución, trasposición de la Directiva IDD, que fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto-Ley y publicada ayer en el BOE. Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico incorpora esta norma 19 meses después de aquél 1 de julio cuando lo debió de realizar la transposición.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se trata del mismo texto del proyecto de ley que el Gobierno remitió al Parlamento y que estuvo en la Comisión de Economía del Congreso y que se publicó en el Diario Oficial del Congreso. Un texto que tanto compañías de seguros como asociaciones de mediadores han indicado que ya han ido incorporando a sus prácticas habituales.

España ha necesitado hasta 3 avisos de la Comisión Europeo por la tardanza de esta aprobación. El primero de ellos data de septiembre de 2018 cuando se amenazaba con una multa de 100.000 euros por día de retraso; posteriormente, en marzo de 2019, llegó el primer aviso donde ya se emplaza a llevar a cabo la transposición en 2 meses o de lo contrario llevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y, finalmente, el 10 de octubre se procedió a un ultimátum a través de un dictamen motivado, que es como 'subir un peldaño' la amenaza sancionadora y donde se concedían dos meses más para su transposición.

Sanción paralizada

Con este paso España ha paralizado el proceso sancionador y según indican desde el ministerio, "queda cumplido en su integridad la transposición de la Directiva", y más con su publicación en el BOE de hoy. Destacan también que las "instituciones comunitarias nunca 'se meten' en la forma que utilizan los estados para incorporar el derecho comunitario". Este paso "queda a la libre decisión de los estamos miembros", señalan.

Explican fuentes ministeriales que desde Europa se pidió a través de las cartas de información previa y las cartas de emplazamiento los motivos por los cuales no se había transpuesto esta directiva que afecta a la distribución. Desde el Gobierno español se explicó que "no podían adoptar una decisión de rango legal estando en funciones. Son conocedores de esa situación", argumentan fuentes del ministerio.