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El Instituto Santalucía ha publicado un nuevo informe titulado 'La sostenibilidad medioambiental y social y el deber fiduciario en el marco de las inversiones responsables: el caso de los Fondos de Pensiones'. Este documento se enfoca en cómo los Fondos de Pensiones pueden y deben incorporar los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus decisiones de inversión en un contexto donde los riesgos climáticos y sociales se perfilan como una de las mayores amenazas y oportunidades para el sector financiero.

Entre otras muchas cuestiones, en el informe se analiza cómo los riesgos climáticos afectan al sector asegurador y, en particular, a los Fondos de Pensiones. En primer lugar, se explica que el cambio climático introduce 2 tipos de riesgos principales: los riesgos físicos, que se refieren a los daños directos provocados por fenómenos climáticos extremos; y los riesgos de transición, vinculados a la adaptación a una economía baja en carbono. Ambos factores son ya determinantes para el futuro de las inversiones a nivel global.

Los Fondos de Pensiones, como inversores institucionales a largo plazo, están expuestos de forma significativa a estos riesgos. Así lo constató Eiopa en 2022 cuando llevó a cabo la primera prueba de resistencia climática del sector de las pensiones y reveló una pérdida media del 12,9% en los activos de los Fondos de Pensiones debido a riesgos de transición climática. Para el Instituto Santalucía, esta situación, junto con la creciente normativa europea orientada a promover inversiones sostenibles, subraya la urgencia de que estos fondos integren los riesgos ASG en sus decisiones estratégicas.

Este informe del Instituto Santalucía ha detectado que más del 90% de los Fondos de Pensiones europeos ya incluyen consideraciones de sostenibilidad en sus políticas de inversión. Sin embargo, solo el 14% han implementado pruebas de estrés que contemplen el impacto ambiental, lo que significa que hay una brecha significativa entre la intención y la práctica.

En esta obra, también se destaca el papel crucial que los Fondos de Pensiones pueden desempeñar en la transición hacia una economía más sostenible, no solo como gestores de riesgos, sino como actores activos que canalizan capital hacia actividades y sectores que promuevan una economía baja en carbono. En el informe, se pone de manifiesto que los Fondos de Pensiones tienen la oportunidad de liderar esta transformación, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la mejora de las condiciones sociales y de gobernanza en las empresas en las que invierten.

El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) es uno de los marcos legales que establece cómo los gestores de activos, incluidos los Fondos de Pensiones, deben divulgar la información sobre cómo integran los criterios ASG en sus inversiones. Esta normativa clasifica los productos financieros según su grado de compromiso con la sostenibilidad, imponiendo mayores exigencias de transparencia a aquellos que buscan fomentar inversiones verdes. Para el Instituto Santalucía, este marco regulatorio no solo es una obligación, sino también una oportunidad estratégica. Desde su punto de vista, los Fondos de Pensiones, al gestionar grandes volúmenes de activos a largo plazo, pueden adoptar un rol proactivo en la asignación de capital a inversiones que contribuyan a una economía sostenible y esto no solo mejora la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras, sino que también fortalece la credibilidad de los fondos ante sus beneficiarios, que cada vez demandan más inversiones responsables y sostenibles.

"En un contexto donde la sostenibilidad se está consolidando como un factor determinante en el mundo financiero, desde el Instituto Santalucía decimos que los Fondos de Pensiones deben aprovechar su posición estratégica para liderar el cambio hacia una economía más verde y justa", ha afirmado José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía, que ha añadido: "No se trata solo de cumplir con las normativas vigentes, sino de anticipar y gestionar los riesgos climáticos y sociales, transformándolos en oportunidades para crear valor a largo plazo".

El informe está redactado por Marta de la Cuesta González, catedrática de Economía Aplicada en la UNED, y Pablo Esteban Sánchez, profesor asociado en la misma universidad y subdirector general de Spainsif. 

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