Grupo Aseguranza

La Asociación Catalana de Corredores y Corredurías de Seguros (ACCA) y la Asociación Gallega de Corredores de Seguros (Agacose) han solicitado a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea que se prohíba la venta de seguros por parte de la banca. Según ambas asociaciones, “hace unos meses la Comisión Nacional de la Competencia de Madrid reconocía públicamente la existencia de las prácticas que realizan la mayor parte de las entidades financieras españolas para conseguir colocar pólizas de seguro intermediadas por su propio grupo empresarial. Estas prácticas han motivado y continúan provocando quejas continuamente del colectivo de mediadores no vinculados a la banca. Teniendo en cuenta esta situación, ambas asociaciones han presentado ante la Comisión y ante el Consejo en el Parlamento Europeo siete preguntas que deberán ser respondidas por escrito por ambos organismos, en las cuales se profundiza en aspectos esenciales de la distribución aseguradora en la UE”.

Entre otras, solicitan que se pronuncien sobre la bondad de modificar el actual sistema de mediación de seguros, prohibiendo a cualquier entidad financiera que por sí o por medio de otras sociedades de su grupo intermedien o distribuyan cualquier tipo de seguro privado en toda la UE: “Esta medida no es de nuevo cuño sino que ya hace años que se ha adoptado por un país avanzado como Canadá, donde la crisis financiera ha tenido menos impacto y donde su gobierno tiene claro que el negocio bancario no es compatible con la distribución de seguros y se prohíbe a cualquier banco que intermedie operaciones de seguro”.

Además, cree que un criterio en la línea del adoptado por Canadá sería claramente positivo para todas las empresas y consumidores europeos, pues contribuiría a sanear y clarificar el sector bancario, que debería centrarse en su “core business” y dejarse de veleidades comerciales en otros sectores que no son el suyo y que, por tanto, realizan con peor calidad y condiciones a costa de las empresas y consumidores europeos que sufren las consecuencias de dicho intrusismo profesional amparado por la ley.